Esta semana la comenzamos en la protectora recibiendo una notificación de un juzgado para acudir como testigos a un caso de maltrato hacia unos animales. La verdad es que, hasta ahí, todo normal. Todos los meses acudimos, unas veces como peritos, otras como testigos y muchísimas, como denunciantes.
Desgraciadamente, en un país donde se produce tamaño nivel de desprecio a los animales no se puede esperar otra cosa.
Sin embargo, si de lo anterior estoy hasta orgulloso, sí he notado algo que últimamente me tiene muy desconcertado. Se trata de los plazos que transcurren desde que suceden los hechos hasta que se juzgan.
Puede que haya sido simplemente casualidad, pero es que, en las próximas semanas, iremos a declarar en varios casos que se denunciaron hace tres, cinco o incluso siete años en alguno de ellos. Y ahí viene mi absoluta preocupación porque, entre otras cosas, en la actualidad tenemos más de una decena de perros que, por cierto, además, llevan ya desde hace meses en el albergue y que están en espera de que la justicia decida si se ha producido maltrato o no hacia ellos.
Hasta ese momento no podrán darse en adopción ni acogida.
No puedo dejar de pensar en todos esos animales que verán pasar los próximos años en una jaula.
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Comprendo que la justicia es lenta y que ha de estar dotada de mil y un mecanismos que garanticen la seguridad jurídica y permitan una sentencia correctamente fundamentada y argumentada, pero entenderán ustedes que, en el caso de los animales y supongo que en muchos otros, una justicia lenta puede llegar a ser de todo menos justa.